Cuando aún no cesa el escándalo que se armó en el país por la sanción de cinco días de arresto domiciliario contra el Presidente Iván Duque proferida por el Tribunal Superior de Ibagué, el Tribunal Administrativo del Magdalena resolvió imponer al primer mandatario y a su Ministra de Cultura, Angélica Mayolo Obregón, dos días de arresto domiciliario con multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En ambos casos las motivaciones han sido por desacato a una orden judicial.

El de los magistrados del Magdalena está relacionado con la celebración del Quinto Centenario de Santa Marta, a celebrarse en julio de 2025.

El incidente contra el mandatario fue presentado por el abogado Germán Sánchez Arregocés, quien señala que tanto el presidente como la ministra se habrían sustraído de acatar un fallo proferido por ese Tribunal.

En la sentencia se les ordenaba expedir un decreto para adoptar el Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta, de conformidad con la Ley 2058 de 2020.

Con dicha ley la Nación se asocia a la celebración de la ciudad y dicta otras disposiciones. Sin embargo, el accionante señala que nada se ha hecho al respecto.

Aunque destaca que ya fue creada la Comisión Preparatoria del acontecimiento y se tiene aprobado su reglamento interno que cuenta con 25 proyectos presentados por las entidades integrantes de dicha Comisión, estos aún no habrían sido priorizados.

También expresa que no han sido analizados en una mesa técnica con participación de las autoridades del nivel distrital, departamental y nacional.

Con base en estas consideraciones expuestas, el Tribunal considera que la actuación de los entes incidentados (Presidencia y Ministerio), ha sido displicente y omisiva con el acontecimiento que celebrará la ciudad.

Agrega que la Presidencia de la República pese a ser notificada en forma debida, ha omitido rendir al Tribunal un informe sobre lo actuado.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Magdalena ordena a la Procuraduría General de la Nación iniciar y adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, debido al incumplimiento de la orden judicial emitida por el juez constitucional.